Bélgica permitirá los registros domiciliarios a presuntos migrantes irregulares

BRUSELAS, 6 nov (Reuters) - El Parlamento belga aprobó el ‌viernes por la mañana una controvertida ley que permite a la policía entrar en los ​domicilios de los presuntos migrantes irregulares que hayan desobedecido las órdenes de abandonar el país.

La medida forma parte de una iniciativa más amplia de la coalición de derechas del ​primer ministro Bart De Wever para limitar la inmigración y aumentar las expulsiones de aquellas personas a las que ​se les ha denegado el derecho a ⁠permanecer en el país.

La legislación ha suscitado una fuerte oposición por parte de ‌grupos de derechos humanos y abogados, que argumentan que permitir que la policía entre en domicilios particulares para hacer cumplir la normativa de inmigración ​podría socavar los derechos constitucionales ‌y las leyes de privacidad.

Alrededor de 3.000 personas formaron una ⁠cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas el miércoles por la noche para protestar contra el proyecto de ley. Según informaron medios de comunicación belgas, se organizaron más ⁠de 50 manifestaciones ‌y concentraciones en pueblos y ciudades de todo el país.

La ley fue ⁠finalmente aprobada por una mayoría de diputados alrededor de las 5 de la madrugada, ‌hora local (0400 GMT), tras un largo debate que se prolongó toda la noche.

Los ⁠registros se limitarán a los domicilios de aquellas personas a ⁠las que se les ‌haya denegado el asilo en Bélgica, que hayan desobedecido las órdenes de salida del país ​y que se considere que suponen una ‌amenaza para la seguridad pública.

Los registros domiciliarios deben ser autorizados por un juez de instrucción y solo pueden ​realizarse entre las 5:00 y las 9:00 de la mañana, en presencia de funcionarios de inmigración.

Antes de la votación, Amnistía Internacional instó a los parlamentarios a rechazar ⁠la ley, ya que, según la organización, también podría afectar a quienes ayudan a los migrantes indocumentados.

El Gobierno ha defendido la medida como una herramienta para hacer cumplir las órdenes de expulsión de personas consideradas un peligro para el orden público o la seguridad nacional.

(Reporte de Charlotte van Campenhout y Bart Meijer; edición de Thomas Derpinghaus; edición en ​español de Jorge Ollero Castela)