Colombia toca de nuevo a la puerta del FMI, pero enfrentaría fuertes desafíos para lograr compromisos fiscales

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 8 oct (Reuters) - Colombia enfrentaría fuertes desafíos para cumplir los compromisos fiscales que adquiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con ‌el que busca un acuerdo para acceder a miles de millones de dólares ante el grave deterioro de sus finanzas, opinaron oficiales, economistas y exfuncionarios.

Por orden del presidente colombiano Abelardo De La Espriella, un equipo del Ministerio de Hacienda viajó ​esta semana a Washington para reunirse con el organismo multilateral y buscar una salida a la crisis fiscal.

El amplio déficit fiscal proyectado por el Gobierno en un 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) este año y en un máximo histórico del 9,4% del PIB en 2027 llevaría al país a solicitar al FMI la mayor cantidad posible de recursos.

Colombia cuenta con una cuota asignada en el FMI de 2.044,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a aproximadamente 2.780 millones ​de dólares.

Según el organismo, el acceso máximo acumulado es del 600% de la cuota del país durante la vigencia del acuerdo, lo que permitiría a Colombia acceder a hasta unos 16.680 millones de dólares.

De acuerdo con 10 economistas, oficiales y exfuncionarios consultados por Reuters, Colombia pediría entre 8.000 millones y 20.000 millones de ​dólares.

La mayoría coincidió en que el acuerdo que más se ajustaría a la situación colombiana sería la Línea de ⁠Precaución y Liquidez (LPL) del FMI, un instrumento diseñado para países con fundamentos económicos sólidos y marcos institucionales sanos, pero con ciertas vulnerabilidades.

Si bien la nación andina cumple con la mayoría de requisitos para una LPL -como ‌la solidez del sistema financiero, la fortaleza de la política monetaria y la independencia del Banco Central-, para que califique tendría que mostrar avances en la sostenibilidad fiscal de la deuda, ya que los reiterados excesos presupuestales han mermado la confianza en su marco de políticas.        En su revisión de 2025 —antes de que el panorama fiscal de Colombia empeorara aún más—, el ​FMI señaló que el país necesitaba recortar su presupuesto en al menos un 3,2% del ‌PIB en un plazo de tres años.

La LPL podría resultar políticamente menos costosa que un Acuerdo de Derechos de Giro o "Stand-By", dado que está destinado a ⁠países cuyas políticas económicas son, en términos generales, sólidas, aunque aún así puede incluir metas fiscales y requisitos de reformas.

Para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el Gobierno debería solicitar 20.000 millones de dólares a un plazo promedio de cuatro años.

"Creo que es una cifra que está proporcionada al tamaño de nuestra economía, tiene el antecedente de que es lo que ya le aprobaron a Argentina y como elemento adicional nos permitiría prepagar deuda cara y reemplazarla con esta ⁠deuda más barata", dijo Cárdenas, quien durante varios ‌años participó en anteriores renovaciones de líneas de crédito con el FMI.

Algunos de los consultados resaltaron que, más allá del monto, el acuerdo daría confianza a los mercados, lo que se ⁠traduciría en una reducción en las primas de riesgo del país y ayudaría a movilizar recursos adicionales de entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos multilaterales.

"Un acuerdo con el FMI expande la credibilidad ‌sobre esa deuda y los acreedores pueden disminuir el costo de los actuales créditos a Colombia, generaría ese efecto positivo, que no es inmediato, sino en la medida que se vayan cumpliendo las cosas", ⁠dijo Juan Carlos Ramírez, presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

"Pero mientras no cese el déficit que todos los años hay, simplemente puede dar un ⁠alivio en el escenario de los próximos años, pero ‌no es la solución al problema", agregó.

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Colombia enfrenta el desafío de establecer metas fiscales que se puedan cumplir, consideraron varios de los consultados.

"El principal reto es no cumplir con lo que exija el FMI, el mundo ​va a mirar a Colombia y si alguna de las metas que el FMI propone no la llegamos a cumplir no ‌solo se evita un desembolso, sino que todos van a ver que el país no fue capaz de hacerlo", opinó Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina.

Para los analistas, el compromiso clave en las negociaciones con el FMI será la denominada "Ley ​de Rescate", que, según anunció el Gobierno, será radicada en el Congreso a mediados de octubre para recortar el gasto en 2,2 puntos porcentuales del PIB, equivalentes a unos 45 billones de pesos (14.000 millones de dólares).

Algunos son escépticos sobre la posibilidad de lograr un ajuste de ese tamaño y de aprobar la ley en un Congreso ampliamente dividido, en el que el Gobierno no cuenta con una mayoría sólida.

"Me parece muy ambiciosa esa Ley de Rescate, yo llevo ⁠analizando a Colombia durante muchos años y nunca ha habido una reforma de ajuste de ese tamaño en un solo año, no quiere decir que no se pueda, pero la verdad me parece difícil", dijo Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda y, hasta la semana pasada, jefe de estrategia macro de XP Investments para América Latina.

"Buena parte de esto toca hacerlo con el Congreso y pues si bien el Gobierno tiene mayorías, son bastante frágiles con los partidos de coalición", afirmó.

La última vez que Colombia acudió al FMI fue en diciembre de 2020, cuando retiró 5.400 millones de dólares de una Línea de Crédito Flexible para atender la pandemia de COVID-19. Esa línea fue cerrada el año pasado, una vez saldado el crédito.

Antes, Colombia tuvo un "Acuerdo Extendido" en 1999 y dos "Stand-By" entre 2002 y 2006, que no utilizó, debido a que solo tuvieron carácter precautorio, como garantía para dar tranquilidad a los mercados.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Reporte ​adicional de Rodrigo Campos en Nueva York. Editado por Luis Jaime Acosta)