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El Salvador aplicará cadena perpetua a menores de edad por delitos graves

SAN SALVADOR, 15 abr (Reuters) - El presidente de ‌El Salvador, Nayib Bukele, promulgó un controvertido paquete de reformas legales que incluye ​la aplicación de la cadena perpetua a menores de entre 12...

Publicado el 15 de abril de 2026 a las 10:22

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SAN SALVADOR, 15 abr (Reuters) - El presidente de ‌El Salvador, Nayib Bukele, promulgó un controvertido paquete de reformas legales que incluye ​la aplicación de la cadena perpetua a menores de entre 12 a 18 años de edad condenados por homicidio, terrorismo o violación, de acuerdo con el ​Diario Oficial del país centroamericano.

Los cambios, publicados el martes y que entrarán en vigor el 26 de ​abril, se integran a una enmienda al ⁠artículo 27 de la Constitución aprobada en marzo por el Congreso ‌de amplia mayoría oficialista, para sancionar con prisión perpetua a los culpables de esos delitos graves.

La aprobación de la iniciativa se ​produjo una semana después que ‌un grupo internacional de abogados dijera que había "motivos suficientes" ⁠para asumir que El Salvador ha cometido crímenes de lesa humanidad durante el estado de excepción que ha venido ratificando de manera indefinida el Congreso desde ⁠hace cuatro años, ‌con el impulso de Bukele.

Entre las medidas sancionadas por el mandatario ⁠de 44 años está una reforma a la Ley Penal Juvenil para ‌eliminar el procedimiento especial con el que contaban los menores ⁠infractores, lo que abre la vía a la aplicación de ⁠la cadena perpetua.

No obstante, ‌también se establecen revisiones periódicas a este tipo de penas, para que los ​menores aspiren a libertades controladas.

La reforma ‌fue cuestionada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), por considerar que ​vulneraba de los derechos de la niñez. En respuesta al pronunciamiento, Bukele dijo que el antiguo marco legal otorgaba "impunidad" a los menores para ⁠cometer delitos.

El estado de excepción, que restringe garantías constitucionales como la libertad de reunión o la inviolabilidad de las telecomunicaciones, ha permitido a las fuerzas de seguridad detener a más de 90.000 personas. Organizaciones humanitarias estiman que más de 500 de esos detenidos han muerto bajo custodia estatal.

(Reporte de Gerardo Arbaiza; Editado ​por Raúl Cortés Fernández)

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