En materia de inmigración, la Corte Suprema de EEUU se pliega a la agenda restrictiva de Trump

Por Andrew Chung

WASHINGTON, 26 jun (Reuters) - Desde que Donald Trump volvió a la presidencia el año pasado con la promesa de tomar medidas enérgicas contra la inmigración y llevar a cabo una campaña ‌de deportaciones masivas, la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, le ha allanado el camino en la mayoría de los casos.

En un caso tras otro, la Corte, que cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3, ha dado luz verde a las políticas del presidente republicano dirigidas tanto a la inmigración legal como a la ​ilegal, con pocas excepciones, mientras que sus tres jueces liberales se han opuesto a la mayoría de sus medidas.

Los últimos ejemplos se han producido esta semana, cuando la Corte concedió a Trump y a su Gobierno tres victorias —todas ellas en casos resueltos según criterios ideológicos— que facilitan la deportación de personas, o la denegación de su entrada, incluso a aquellas que tienen estatus legal en Estados Unidos.

"UN SELLO DE APROBACIÓN"

"La Administración Trump ha convertido el sistema de inmigración en una máquina de deportaciones", dijo Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, en Nueva York.

"En la mayoría de los casos, la Corte Suprema ha ​sido un mero sello de aprobación para la agenda de deportaciones masivas de Trump", añadió Mukherjee.

El jueves, en una decisión de 6 a 3, la Corte permitió a la administración privar a cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios de su Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta designación humanitaria, prevista en la legislación estadounidense, permite a los migrantes procedentes de países afectados por la guerra o por catástrofes vivir y trabajar en Estados Unidos mientras no sea ​seguro para ellos regresar a sus países de origen.

Los expertos jurídicos señalaron que las consecuencias prácticas son desoladoras para los inmigrantes que ahora pierden su estatus, ya ⁠que se enfrentan a la disyuntiva de quedarse y arriesgarse a ser detenidos, o regresar a países a los que el Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja viajar debido a la violencia generalizada, la delincuencia, el terrorismo y los secuestros.

"Estas no son condiciones a las que se deba devolver a ‌las personas", dijo el jueves Tirana Hassan, directora ejecutiva de la organización Médicos Sin Fronteras Estados Unidos, refiriéndose a Haití.

Ahilan Arulanantham, experto en derecho migratorio de la UCLA y abogado de los demandantes sirios en el litigio sobre el TPS, señaló: "La Corte Suprema ha fallado sistemáticamente en contra de los derechos de las comunidades de inmigrantes en casos importantes durante los últimos años, y este caso sigue esa pauta".

"La decisión otorga al Gobierno, y al ala más extremista del movimiento antiinmigrante, una importante victoria que no habían podido conseguir a ​través del Congreso desde hacía varios años", añadió Arulanantham.

La Corte también falló el jueves, por 6 votos contra 3, a favor de ‌la autoridad del Gobierno para rechazar a los solicitantes de asilo cuando las autoridades consideren que los pasos fronterizos entre Estados Unidos y México están saturados, impidiéndoles físicamente la entrada en Estados Unidos. La Administración de Trump ha ⁠afirmado que podría intentar reactivar esta política, después de que su predecesor demócrata, Joe Biden, la abandonó.

El martes, de nuevo por 6 votos contra 3, la Corte facilitó la expulsión de residentes permanentes legales —también conocidos como titulares de la tarjeta verde— al dictaminar que los agentes fronterizos no necesitan cumplir el estricto requisito de "pruebas claras y convincentes" de que dicha persona haya cometido un delito antes de denegarle la reentrada al país tras un viaje al extranjero.

"EL ESTADO DE DERECHO"

"Estas tres sentencias son victorias para el Estado de derecho y el sentido común", dijo el consejero general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, quien añadió que el Estatus de Protección Temporal "siempre se concibió como algo ⁠temporal".

"Gracias a estas decisiones, ahora contamos con varias herramientas importantes más ‌para seguir protegiendo nuestras fronteras", añadió Percival.

Desde que Trump volvió al cargo en enero de 2025, la Corte ha accedido en gran medida a sus demandas de aplicar políticas que refuercen su campaña para intensificar las deportaciones cuando estas se han visto obstaculizadas por tribunales ⁠inferiores, mientras se resuelven los recursos judiciales interpuestos contra ellas.

Estas resoluciones se han dictado con carácter de urgencia en el denominado "expediente en la sombra" de la Corte Suprema, en el que los magistrados pueden tomar decisiones de gran trascendencia al margen de su procedimiento habitual, sin necesidad de informes exhaustivos ni alegatos orales.

Por ejemplo, la Corte ha permitido ‌a Trump deportar a migrantes a países con los que no tienen vínculos, llevar a cabo redadas de inmigración agresivas que pueden dirigirse contra personas en función de su raza o idioma, y poner fin a protecciones humanitarias como el TPS y otra forma de protección temporales para cientos de ⁠miles de inmigrantes.

Ashley Sánchez, directora de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, señaló que, aunque las leyes de inmigración no han cambiado sustancialmente, la administración de Trump está ⁠optando por aplicarlas de manera que se limite al máximo tanto la inmigración legal ‌como la ilegal.

La Corte Suprema tiene su actual composición ideológica desde octubre de 2020, cuando Trump nombró a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para suceder a la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg.

La existencia de esta mayoría cualificada conservadora ha sido fundamental en las sentencias sobre inmigración, señaló Sánchez.

"Este grupo, más conservador, parece mucho más ​dispuesto a ponerse del lado del presidente", añadió Sánchez.

Sánchez se refirió a la decisión de la Corte de junio de 2020, durante el primer mandato de Trump como presidente, de bloquear su ‌intento de poner fin a un programa que protege de la deportación a cientos de miles de migrantes —a menudo denominados "soñadores"— que entraron ilegalmente en Estados Unidos cuando eran niños.

En aquel momento, la Corte contaba con una mayoría conservadora de 5 a 4, pero el presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, se unió a los miembros liberales de la Corte en la ​decisión.

"Es difícil imaginar que la Corte actual llegue a la misma decisión", dijo Sánchez.

La Corte se ha opuesto a Trump en algunas ocasiones. En ciertos casos, por ejemplo, los magistrados han dictaminado que la Administración debe tratar a los migrantes de forma justa, tal y como exige la garantía del debido proceso recogida en la Constitución de Estados Unidos.

El año pasado, los magistrados limitaron en dos ocasiones el intento de la Administración de aplicar la invocación por parte de Trump de una ley de 1798 denominada "Ley de Enemigos Extranjeros" —que históricamente solo se ha empleado en tiempos de guerra— para deportar rápidamente a migrantes venezolanos a los que acusaba de ser miembros de la banda "Tren de ⁠Aragua".

CIUDADANÍA POR DERECHO DE NACIMIENTO

La Corte se encuentra casi al final de su actual mandato, pero aún no se ha pronunciado sobre un caso importante que afecta a la que quizás sea la medida más audaz de la agenda restrictiva de Trump en materia de inmigración.

A juzgar por las preguntas formuladas por los magistrados durante las audiencias del caso en abril, la Corte podría infligir una derrota a Trump al fallar en contra de su decreto, que negaría la ciudadanía por nacimiento a cientos de miles de bebés que nacen cada año en territorio estadounidense.

La orden de Trump instruía a las agencias estadounidenses a no reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos si ninguno de los progenitores es ciudadano estadounidense o residente permanente legal, también conocido como titular de una "tarjeta verde".

El tribunal de primera instancia consideró que la orden de Trump era incompatible con la Enmienda 14 de la Constitución, que desde hace tiempo se ha interpretado en el sentido de que otorga la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en territorio estadounidense, con algunas excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros o de miembros de una fuerza de ocupación enemiga.

La disposición de la Enmienda 14 en cuestión, denominada "Cláusula de Ciudadanía", establece: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos".

La decisión ​podría conocerse ya el lunes.

(Reporte de Andrew Chung; edición de Will Dunham; Editado en Español por Ricardo Figueroa)