22 de julio
Actualizado: hoy a las 11:00 am
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Gobierno panameño estudia crear firma minera estatal para allanar camino a reapertura Cobre Panamá
Por Divya Rajagopal
Panamá está barajando la posibilidad de crear una minera estatal para asociarse con la canadiense First Quantum con vistas a la reapertura de la mina Cobre Panamá, su principal yacimiento, que se encuentra cerrada en el país, dijeron a Reuters dos personas conocedoras del caso.
La mina, una de las más grandes del mundo, cerró en 2023 después de que la Corte Suprema panameña dictaminara que el contrato de First Quantum FM.TO, vigente desde hacía 20 años, era inconstitucional, en medio de una oposición generalizada por motivos medioambientales y de gobernanza.
Esto supuso una pérdida del 4.5% del PIB de Panamá, según datos del FMI, así como más del 1% de la producción mundial de cobre y el 40% de los ingresos de First Quantum.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, fue elegido en 2024 tras intensos disturbios públicos relacionados con la mina, con la promesa de llevar a cabo el cierre definitivo tras una auditoría. Dos años después, ante una tasa de desempleo en torno al 10% y con los precios del cobre cerca de niveles récord, la reapertura podría parecer más atractiva.
El Gobierno ha permitido a la empresa vender el último concentrado de cobre extraído antes del cierre, volver a poner en marcha su central eléctrica dentro de la mina y concluir una auditoría medioambiental que otorgó a la empresa una puntuación de cumplimiento del 88%.
"Está claro que el Gobierno quiere reabrir la mina con First Quantum", afirmó una persona que había asesorado al Gobierno sobre el proyecto en el pasado. "Pero sigue temiendo el malestar social".
First Quantum se negó a hacer comentarios. La oficina del ministro de Comercio de Panamá no respondió a las consultas por correo electrónico y teléfono realizadas por Reuters.
DIFERENTES PROPUESTAS EN ESTUDIO
La posibilidad de una asociación público-privada entre una entidad de propiedad panameña y First Quantum, que otorgaría a la minera el control operativo de las instalaciones, es una de las pocas propuestas que se están barajando, según indicaron las fuentes.
En un escenario de asociación, First Quantum tendría una participación del 60% al 65% en la mina, mientras que Panamá poseería entre el 35% y el 40%, según una de las fuentes, que no quiso ser citada porque no está autorizada a hablar con la prensa.
La firma canadiense recibiría una participación mayor debido a las inversiones que ha realizado en la mina, señaló una de las fuentes.
La reactivación del proyecto ayudaría a First Quantum a encarrilar la recuperación de su deuda, además de aportar nuevas fuentes de cobre a un mercado que, en esencia, sufre una escasez del metal.
Una entidad estatal podría ser una solución alternativa a una ley panameña aprobada en 2023 que prohíbe nuevas concesiones mineras.
La ley es ambigua en lo que respecta a las concesiones otorgadas a una entidad estatal, señaló una persona familiarizada con el marco jurídico del país, y añadió que la legislación panameña contempla la posibilidad de crear una entidad estatal para la realización de asociaciones público-privadas.
La concesión minera subyacente sería propiedad de Panamá.
Las asociaciones público-privadas se están convirtiendo en una práctica habitual en países ricos en recursos que desean un mayor control sobre los mismos y, al mismo tiempo, obtener la aceptación social para los proyectos mineros. Naciones como Chile y Zambia, entre otros, han adoptado este tipo de modelos.
Otra alternativa que se está estudiando es arrendar la mina a First Quantum, de modo que el Gobierno reciba un pago en concepto de regalías y recaude impuestos sobre los ingresos obtenidos. No está claro cuál de las opciones podría elegir el Gobierno.
En julio, el ministro de Comercio e Industria de Panamá, Julio Molto, afirmó que el Gobierno tomaría una decisión antes de que finalizara este año y que el país tendrá "soberanía total" sobre la cuestión de la mina.
Mientras tanto, First Quantum ha suspendido el procedimiento de arbitraje que había iniciado contra Panamá en relación con la mina, en el que reclamaba al país una indemnización por valor de 20,000 millones de dólares.
(Reporte de Divya Rajagopal en Toronto; edición en español de Raúl Cortés Fernández)