Industria minera y petrolera de Colombia optimista con gobierno entrante, pero pide medidas concretas y rápidas

Por Nelson Bocanegra

BOGOTÁ, 6 aug (Reuters) - Las compañías mineras y petroleras están listas para invertir miles ‌de millones de dólares en Colombia después de cuatro años de parálisis en nueva exploración, pero requieren medidas concretas y rápidas del nuevo gobierno, aunque los ​resultados se verán a largo plazo, opinaron gremios y analistas.

El abogado derechista Abelardo De La Espriella se posesionará el viernes para un periodo de cuatro años, en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, quien prohibió nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y fue un fuerte crítico de las multinacionales del carbón.

De La Espriella promete reactivar ​los contratos de exploración y como mandatario podrá decretar algunos cambios como la simplificación de trámites, la reducción de tiempos en licencias y las consultas con comunidades.

No obstante, otros temas, como aprobar la técnica del ​fracking, modificar el sistema de regalías e impulsar cambios estructurales a los contratos ⁠o modelos de explotación del subsuelo e incentivos tributarios tendrían que ser aprobados por un Congreso dividido, en donde enfrentará la oposición del partido de ‌Petro.

"Necesitamos destrabar todos los cuellos de botella que están muy asociados a temas de consultas previas, a decisiones administrativas y a demoras en las licencias ambientales", dijo Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas.

Un ejemplo es el ​proyecto Sirius, que desarrolla en el Mar Caribe colombiano el ‌estatal Ecopetrol y la brasileña Petrobras, cuyo contrato se firmó en 2004 y comenzaría a producir gas en ⁠2030, pero requiere completar 120 consultas previas.

Entre 2023 y 2025 la inversión extranjera en minería y petróleo cayó 34% a unos 6.900 millones de dólares, la producción petrolera bajó un 4% a 746.000 barriles promedio por día y las reservas de crudo disminuyeron en 54 millones de barriles a 2.020 millones de barriles.

Las ⁠importaciones de gas natural pasaron de ‌3% del consumo nacional en 2023 a 31% actualmente y en 2025 se registraron 580 ataques contra instalaciones del sector petrolero, ⁠incluyendo oleoductos y bloqueos a campos, que representaron afectaciones por más de 2,4 billones de pesos, según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).

Naturgas tiene identificados 11 proyectos ‌estratégicos en la industria del gas para garantizar el abastecimiento, aseguró Murgas.

Además, los expertos coincidieron en la necesidad de combatir la inseguridad en ⁠los territorios por parte de decenas de grupos armados ilegales que suman alrededor de 25.000 integrantes.

"Las medidas tienen ⁠que ser completas, agresivas y rápidas", dijo ‌Frank Pearl, presidente de la ACP. "Si tenemos un conjunto de condiciones de inversión donde falta alguna de las variables clave el entorno no va a ser ​atractivo y es posible que no atraigamos esos recursos".

Los expertos proponen además un programa ‌de atracción de inversiones que incluya estabilidad jurídica, tributaria e incentivos económicos similar al RIGI que implementó Argentina en 2024 y que dinamizó su industria petrolera. 

"Esta industria es intensiva en capital ​y todas las decisiones que tomemos hoy se van a ver reflejadas en cinco, diez y quince años", dijo Nelson Castañeda, presidente del gremio Campetrol.

En minería de oro, cobre, carbón y níquel, Colombia tiene cinco proyectos en fase final de exploración o ya licenciados que por la incertidumbre jurídica y política del ⁠Gobierno Petro no han pasado a la fase de inversión y construcción, dijo Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería.

"La materialización de las inversiones está a la vuelta de la esquina y pueden ser en los cuatro años de gobierno entre 3.600 y 4.000 millones de dólares de inversión", afirmó Nariño.

Pero es muy probable que cualquier cambio para agilizar trámites sea demandado ante las autoridades, generando mayores demoras.

"El próximo gobierno enfrentará mayores protestas ciudadanas a los esfuerzos de acelerar los proyectos de transmisión o estructuración de nuevos proyectos. No habrá camino legal viable para simplificar, acelerar o eliminar las consultas previas", advirtió Colombia ​Risk Analysis.

(Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)