La prisa de España por resolver la situación en Ceuta desata alertas sobre derechos humanos

Por Corina Pons y Victoria Waldersee

CEUTA/MADRID, 19 oct (Reuters) - Cuando Fatna, en avanzado estado de embarazo, y su hijo discapacitado llegaron al enclave español de Ceuta, en el norte de África, durante un caótico cruce ‌masivo de la frontera el 30 de julio, esperaba ser una de las primeras en recibir ayuda de las autoridades.

Casi tres meses después, con su hija recién nacida aquejada de problemas renales, Fatna, de 21 años, y su familia necesitan llegar urgentemente a la España peninsular para recibir tratamiento hospitalario especializado.

Sin embargo, para viajar mientras se tramita su solicitud de asilo necesita ​un permiso que el Gobierno socialista español —por lo general partidario de la inmigración— se ha mostrado reacio a conceder a ninguno de los miles de migrantes que permanecen en Ceuta.

Algunos siguen dispersos por las calles o escondidos en las onduladas colinas de la diminuta ciudad portuaria de 20 kilómetros cuadrados, situada en la frontera nororiental de Marruecos.

El Gobierno de Pedro Sánchez, que se enfrenta a unas elecciones anticipadas el 29 de noviembre, se encuentra bajo la presión de la UE y de una población cada vez más frustrada para resolver la crisis. 

Está trabajando en procedimientos acelerados para las solicitudes de asilo con la intención de enviar a la mayoría de las personas de vuelta a sus países de origen, principalmente a Marruecos, al ​considerar que son migrantes económicos y no verdaderos solicitantes de asilo.

Las ONG temen que esto suponga un riesgo de violación de los derechos de los migrantes.

Sánchez, uno de los pocos dirigentes de izquierdas que quedan en Europa, dijo esta semana que España estaba gestionando la avalancha de casos "de forma responsable, con espíritu de solidaridad y respetando los derechos humanos de los migrantes".

Sin embargo, más de 20 entrevistas realizadas por Reuters a migrantes, abogados, ONG y fuerzas de seguridad revelaron que muchos ​de los que permanecen en el país tienen motivos claros para solicitar asilo o protección humanitaria: desde menores no acompañados hasta marroquíes LGBTQ+ que temen ser encarcelados si son ⁠deportados, pasando por familias como la de Fatna, clasificadas como vulnerables según la legislación de la UE.

La semana pasada, ocho organizaciones humanitarias, entre ellas Oxfam y Amnistía Internacional, presentaron una denuncia ante el Defensor del Pueblo español, a la que ha tenido acceso Reuters, en la que alegaban "graves violaciones de derechos" en el pequeño ‌enclave de Ceuta. Entre ellas figuraban la devolución forzosa de migrantes procedentes de países en conflicto y la denegación de intérpretes y asistencia jurídica.

Los portavoces del Gobierno central español, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre las acusaciones de malos tratos.

"Existen personas que realmente estarán en un peligro enorme si se las retorna a Marruecos", dice Wendell Soares, coordinador del centro católico de acogida de migrantes San Antonio, que ha acogido a la familia de Fatna y ​a decenas más de personas vulnerables, superando con creces su capacidad habitual de siete plazas.

"Hay que analizar caso por caso porque no existe ‌homogeneidad. Cuando se utiliza la palabra 'inmigrante', se crea una imagen colectiva como si todos fueran iguales. Cada persona tiene una historia, una motivación, un objetivo y hay que ver caso a caso".

DEPORTADOS SIN EXPLICACIÓN

Los partidos españoles de derecha y extrema ⁠derecha ya habían criticado al Gobierno de Sánchez por haber regularizado a casi un millón de migrantes en situación irregular a principios de este año. Han calificado la llegada masiva de julio como una invasión deliberada por parte de Marruecos —una acusación que Rabat niega— y han exigido que se devuelva a todos los migrantes. 

Con todo, a pesar de los planes para un nuevo procedimiento a escala de la UE que permita deportaciones aceleradas en futuras situaciones de emergencia, la normativa actual exige que se evalúe a los migrantes caso por caso.

Aunque la mayoría procede de Marruecos, el Gobierno estimó en agosto que más de 1.000 de los migrantes que quedaban procedían de países subsaharianos, cuyos nacionales obtienen asilo en más del 90% de ⁠los casos en España, según estadísticas gubernamentales.

El nuevo pacto de la UE ‌exige que los casos se tramiten en zonas fronterizas para permitir deportaciones más rápidas. Sin embargo, no obliga a los solicitantes a permanecer en el lugar de llegada, lo que permite su traslado a otras zonas fronterizas de España, lo que aliviaría la presión sobre Ceuta, una población ⁠de 84.000 habitantes que constituye la única frontera terrestre de Europa con África junto con Melilla, otro enclave español.

Si se quiere evaluar adecuadamente la situación de los migrantes vulnerables, estos traslados son la "única opción", dijo Juan Miguel Morales, director general de la ONG Sur Acoge.

Aunque 262 menores han sido trasladados a la península desde la travesía de julio, la estrategia del Gobierno ‌para los adultos restantes ha consistido en convencer al mayor número posible de que regresen por voluntad propia.

El Gobierno ha declarado esta semana que 12.000 personas han optado por volver desde mediados de agosto.

"No hay en ningún caso ninguna devolución encubierta", dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien describió los retornos como voluntarios ⁠y añadió que se habían recibido hasta 1.200 solicitudes de asilo, de las cuales 700 ya se habían resuelto.

Sin embargo, al menos nueve ONG han afirmado, en comunicados públicos o en entrevistas con Reuters, que los migrantes a los ⁠que prestan apoyo fueron coaccionados para regresar.

La Asociación Elín señaló que migrantes de Sudán y ‌Chad fueron citados por la policía los días 24 y 25 de septiembre y deportados sin previo aviso, según la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo.

En mensajes de texto a los que ha tenido acceso Reuters, el migrante marroquí Azhaar Chaouni contó a voluntarios de la ONG alemana Mission Lifeline que él y otros migrantes corrieron la misma suerte, ​después de ser recogidos en autobuses por la policía en sus campamentos improvisados en la playa y de que les dijeran que los llevaban a centros de acogida.

"Nos deportaron sin dar ninguna explicación", escribió ‌Chaouni, indicando que se encontraba en Marruecos.

La designación de Marruecos como "país de origen seguro" según la normativa de la UE no priva a sus ciudadanos del derecho a solicitar asilo, señaló Andrea de Petris, experto en inmigración del centro de estudios CEPN, con sede en Bruselas.

"Se debe garantizar a cada persona una evaluación específica de sus circunstancias personales", añadió De Petris, quien estima que el procedimiento sería, inevitablemente, "largo ​y costoso".

Las historias de otras personas que han desaparecido han infundido miedo en Rayane, un marroquí gay de 19 años que espera noticias sobre su solicitud de asilo en el centro de acogida de San Antonio. Rechazado por su familia y ante la imposibilidad de vivir en libertad en Marruecos, donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son perseguidas por la ley, está desesperado por llegar al continente europeo.

"Ni siquiera puedo imaginarme volviendo a Marruecos. Me suicidaría antes incluso de cruzar la frontera", dijo.

PACTO AL DESCUBIERTO

Trabajadores de primera línea y ONG sobre el terreno afirman que la situación en Ceuta ha demostrado que el plazo de 12 semanas establecido en el pacto migratorio de la UE para tramitar las solicitudes ⁠de asilo es poco realista, y siete de ellos señalan que esperan que el proceso se prolongue durante meses.

La falta de recursos, desde personal hasta computadoras que funcionen, hizo que, a fecha de 14 de octubre, solo se registraran unos 100 casos de migrantes al día, según el representante del sindicato policial Raúl Piera.

El sindicato estima que aún hay entre 7.000 y 8.000 migrantes más dispersos por la ciudad, durmiendo a la intemperie o hacinados en instalaciones proporcionadas por organizaciones humanitarias y grupos de la sociedad civil que cubren el vacío dejado por los desbordados servicios sociales de Ceuta.

"Teniendo en cuenta la carga de trabajo pendiente, esto se prolongará hasta bien entrado el próximo verano", dijo Piera.

El Gobierno español no ha querido comentar las estimaciones sobre el número de migrantes no registrados, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo a los periodistas el 14 de octubre que era imposible saber cuántos se encontraban ocultos.

Los médicos del único hospital de Ceuta están tratando a migrantes que padecen sarna, tuberculosis e infecciones gastrointestinales provocadas por los largos periodos que pasan a la intemperie, según explicó Enrique Robiralta, presidente del sindicato de médicos. Al menos siete mujeres han dado a luz.

Fatna y su esposo Mohamed están desesperados por quedarse en España, preocupados por la bebé y convencidos de que su hijo discapacitado de 3 años morirá en Marruecos. "Estamos haciendo todo por nuestro hijo", dijo Mohamed.

(Reporte de Corina Pons en Ceuta y Victoria Waldersee ​en Madrid; reporte adicional de Amina Ismail en Bruselas; edición de Andrew Cawthorne; editado en español por Tomás Cobos)