PERSPECTIVA-Los entresijos de la campaña de la Administración Trump para devolver al poder al clan Bolsonaro en Brasil

Por Gabriel Stargardter

Dos funcionarios del Departamento de Estado de EEUU lideraron una campaña para devolver al poder al clan de derecha de Bolsonaro en Brasil y presionaron con éxito para que se impusieran sanciones destinadas a inclinar las elecciones a su favor, según diez funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados, con conocimiento directo del asunto.

Su plan se pondrá a prueba el domingo, cuando el senador Flavio Bolsonaro se enfrente al presidente de izquierdas Luiz Inácio Lula da Silva en una reñida segunda vuelta. Lula ha advertido a Washington que no vulnere la soberanía de Brasil y ha acusado a su oponente de conspirar con la Administración Trump.

Los dos funcionarios eran Darren Beattie, asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental que supervisa la política hacia Brasil (link), y Ricardo Pita, otro asesor principal ascendido este año a subsecretario adjunto para América del Norte. Los detalles de su campaña para devolver a los Bolsonaro al poder no se habían dado a conocer anteriormente.

Beattie y Pita, ambos nombrados por motivos políticos, actuaban con amplia libertad de maniobra para gestionar la relación de Washington con el segundo país más poblado de América, según estas fuentes.

En los meses previos al inicio de la campaña electoral, indicaron a los diplomáticos estadounidenses en Brasil que la política de EEUU consistía en restituir al expresidente Jair Bolsonaro como líder de Brasil, a pesar de que había sido inhabilitado para el cargo por planear un golpe de Estado en 2022, cuando perdió las elecciones presidenciales frente a Lula, según afirmaron tres de las fuentes.

Después de que Bolsonaro fuera condenado a 27 años de prisión en septiembre de 2025 (link), ambos hombres cambiaron de estrategia para apoyar la candidatura de su hijo, el senador de derecha Flavio Bolsonaro, según las tres fuentes. Beattie y Pita ordenaron al personal de la embajada que no interactuara con otros candidatos presidenciales conservadores que pudieran suponer un desafío para el joven Bolsonaro, afirmaron.

Desde el año pasado, ambos han abogado con éxito por medidas punitivas del Gobierno de EEUU contra Brasil, diseñadas para debilitar a Lula e impulsar a los Bolsonaro, según explicaron las diez personas a Reuters. Entre esas medidas figuraban la designación de bandas brasileñas como grupos terroristas y la imposición de sanciones estadounidenses contra el magistrado del Tribunal Supremo de Brasil que encabezaba la investigación sobre Jair Bolsonaro.

Reuters no pudo determinar hasta qué punto ambos actuaban siguiendo órdenes de la Casa Blanca o del secretario de Estado, Marco Rubio. Trump, un defensor acérrimo de Bolsonaro desde su derrota electoral en 2022, no ha respaldado públicamente a ningún candidato.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios y remitió las preguntas al Departamento de Estado.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, no respondió a preguntas sobre medidas y directrices específicas relacionadas con Beattie y Pita, pero afirmó en un comunicado: «Todas las acciones emprendidas por Estados Unidos contra los narcotraficantes y para proteger la libertad de expresión tienen como objetivo defender los derechos y las vidas del pueblo estadounidense. El pueblo brasileño tiene derecho a elegir a sus líderes mediante elecciones libres y justas».

La oficina de Lula no respondió a las solicitudes de comentarios.

Orna Blum, una de las funcionarias que habló con Reuters sobre la labor de Beattie y Pita, dirigió la oficina del Departamento de Estado para Brasil y el Cono Sur hasta que se jubiló el año pasado debido a su oposición a la Administración Trump.

Washington «tiene todo el derecho a perseguir sus intereses económicos y estratégicos», afirmó. «Pero cuando los instrumentos de la política exterior estadounidense se utilizan para presionar a otra democracia sobre el destino judicial de un aliado político, se ha traspasado la línea entre la diplomacia y la intervención política».

SANCIONES CONTRA UN MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO

Beattie es un antiguo redactor de discursos de la Casa Blanca despedido en 2018 tras intervenir en un acto al que acudían nacionalistas blancos. También es el artífice de la «diplomacia de la libertad de expresión (link) », una política defendida por los aliados de Trump que busca castigar a las naciones a las que acusan de censurar el discurso de extrema derecha de ciudadanos estadounidenses, empresas y aliados de extrema derecha a nivel mundial.

Estados Unidos ha acusado al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, de violar los derechos de libertad de expresión al encarcelar a brasileños por publicaciones políticas en redes sociales y al censurar contenidos de empresas estadounidenses de redes sociales. Moraes ha argumentado que estaba eliminando de las redes sociales las noticias falsas que socavaban la confianza pública en las instituciones democráticas de Brasil.

Moraes no respondió a una solicitud de comentarios.

Pita, un venezolano-estadounidense conservador, es uno de los muchos en el círculo de Rubio que ven a Lula como una amenaza para los intereses de EEUU en América Latina. Rubio ha sido una figura clave en la agresiva política de la Administración en la región, que ha incluido una invasión de Venezuela para derrocar a su presidente, un bloqueo petrolero a Cuba y ataques militares contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas procedentes de América Latina.

Beattie y Pita se sintieron atraídos por la política de derechas de la familia Bolsonaro, su antipatía hacia Lula y la idea de que Jair Bolsonaro fue víctima de abusos por parte del Tribunal Supremo de Brasil.

Al igual que Trump en las elecciones estadounidenses de 2020, Bolsonaro se negó a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales brasileñas de 2022, lo que desencadenó disturbios por parte de sus seguidores, que irrumpieron en edificios gubernamentales. El Tribunal Supremo lo condenó en septiembre de 2025 por conspirar para dar un golpe de Estado con el fin de mantenerse en el poder.

Antes de la condena, a principios de 2025, los Bolsonaro presionaban agresivamente a Washington para que impusiera sanciones, en virtud de la Ley Magnitsky Global de Responsabilidad en materia de Derechos Humanos, contra Moraes, quien había dirigido las investigaciones penales sobre Jair Bolsonaro. La ley es una norma federal de 2016 que permite a EEUU imponer sanciones a personas extranjeras responsables de abusos contra los derechos humanos o de corrupción grave.

Alrededor de abril de 2025, el hijo menor de Jair Bolsonaro, Eduardo, visitó a Beattie en su despacho del Departamento de Estado en Washington D. C., según dos antiguos funcionarios estadounidenses. Eduardo Bolsonaro llevaba defendiendo públicamente las sanciones Magnitsky contra Moraes al menos desde 2024, y en marzo de 2025 afirmó en una retransmisión en directo que era «prácticamente seguro» que la Administración Trump las impondría.

Eduardo Bolsonaro no respondió a las solicitudes de comentarios.

Beattie realizó varias llamadas a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU para solicitar que se impusieran sanciones Magnitsky contra Moraes, según afirmó un exfuncionario estadounidense con conocimiento directo del asunto.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, cuyo departamento gestiona las sanciones Magnitsky a través de la OFAC, no puso ninguna objeción, según el exfuncionario.

Estados Unidos anunció sanciones Magnitsky contra Moraes en julio de 2025, alegando sus presuntas violaciones del derecho a la libertad de expresión al censurar publicaciones antigubernamentales en las redes sociales.

Un funcionario del Tesoro afirmó que Bessent y Rubio están «totalmente alineados con la política exterior de la Administración».

DESIGNACIONES COMO ORGANIZACIONES TERRORISTAS

La familia Bolsonaro también presionaba para que Washington designara como organizaciones terroristas a las principales bandas de Brasil: el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Creían que dicha designación perjudicaría a Lula, a quien algunos oponentes han criticado por no controlar la delincuencia.

Eduardo Bolsonaro había entablado amistad con Pita a través de los círculos conservadores estadounidenses, y ambos apoyaban la iniciativa de calificar a las bandas como grupos terroristas.

En mayo de 2025, Pita se unió a una delegación estadounidense (link) que visitó a Jair Bolsonaro en su residencia de Brasilia mientras este esperaba su juicio, según los comunicados públicos de la época. También formaba parte del grupo David Gamble, el máximo responsable de sanciones del Departamento de Estado en aquel momento.

De vuelta en Washington, Pita pidió a los responsables de sanciones del Departamento de Estado que estudiaran cómo podrían aplicarse en Brasil las designaciones como grupos terroristas, similares a las anunciadas contra los cárteles mexicanos (link) en febrero de 2025, según afirmó un antiguo funcionario.

Casi un año después, en mayo de 2026 —tras el ascenso de Pita a un nuevo cargo que le alejó de los asuntos relacionados con Brasil—, el candidato presidencial Flavio Bolsonaro se reunió en Washington con Beattie y el subsecretario de Estado Christopher Landau para debatir «la urgencia de designar al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras», según una publicación en X del influencer de derecha Paulo Figueiredo, que incluía fotos de los asistentes.

El Departamento de Estado anunció la designación (link) al día siguiente.

Reuters no pudo determinar el alcance de la influencia de Pita o Beattie a la hora de conseguir la decisión final.

EFECTOS CONTRARIOS Y REVESES

En julio de 2025, Washington también anunció una serie de medidas adicionales contra Brasil, entre ellas las revocaciones de los visados de ocho magistrados del Tribunal Supremo y la imposición de aranceles del 50 % a los productos brasileños, alegando la «persecución» de Jair Bolsonaro.

Reuters no pudo determinar qué papel, si es que hubo alguno, desempeñaron Beattie o Pita en las medidas adicionales. Pero si su intención era socavar a Lula, muchas de ellas resultaron contraproducentes, según analistas políticos de Brasil.

Las medidas dirigidas contra el tribunal no impidieron en absoluto que este siguiera adelante con el juicio a Bolsonaro, mientras que los aranceles impulsaron los índices de popularidad del Gobierno de Lula, señalaron los analistas.

Grandes empresas estadounidenses y brasileñas que dependen del comercio bilateral —entre ellas el gigante cárnico JBS JBSS.O, controlado por los multimillonarios brasileños Wesley y Joesley Batista— también se opusieron a los aranceles, que Washington acabó suavizando.

La campaña de Beattie y Pita también sufrió reveses. Sin una explicación oficial por parte del Departamento del Tesoro, EEUU retiró al juez Moraes de la lista de sanciones Magnitsky en diciembre, y en marzo Brasil prohibió a Beattie (link) entrar en el país para visitar a Bolsonaro en prisión.

Mario Braga, analista de América Latina de la empresa de inteligencia de riesgos RANE, afirmó que Trump podría haber decidido no respaldar públicamente a Bolsonaro para evitar que se le viera como alguien que se entromete en las elecciones de Brasil —una percepción que podría impulsar la popularidad de Lula—.

Aun así, después de que Flavio Bolsonaro superara por un estrecho margen a Lula en la primera vuelta de las elecciones a principios de este mes, Trump calificó el resultado de gran victoria.

«Apretado, pero una victoria muy, muy grande», declaró a los periodistas. «Increíble, la verdad».

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