¿Quién es el buitre? A España le cuesta identificar a los culpables ante el enojo por los desahucios

Por Corina Pons y Iain Withers

MADRID/LONDRES, 21 oct (Reuters) - Mientras la indignación se desataba en España por la muerte de Maricarmen Abascal, dos semanas después de que esta jubilada ‌de 87 años fuera desahuciada de su vivienda en Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tenía ninguna duda de quién era el responsable de la creciente crisis de la vivienda.

La legislación de emergencia en materia de vivienda, aprobada tras la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas ​para el 29 de noviembre, "pone pie en pared a los fondos buitre", afirmó Sánchez el 6 de octubre, que agregó que las medidas "cargan solo contra aquellos que consideran la vivienda como un objeto mercantil más para poder especular con él".

Con un aumento de los alquileres del 44% y de los precios de la vivienda del 58% en cinco años, los manifestantes exigían que se pusiera fin a la especulación de los denominados fondos buitre, a los que muchos culpan de una oleada de desahucios como el de Abascal.

Sin embargo, a muchos en España les cuesta identificar exactamente quiénes son estos ​supuestos depredadores.

En el caso del desahucio de Abascal, su arrendador no era una gran empresa de capital de riesgo, sino una pequeña consultoría llamada Urbagestión. Propiedad de dos hermanos, cuenta con ocho empleados, un beneficio neto de 2.990 euros (3.350 dólares) el año pasado y dos inmuebles a su nombre, según el Colegio de Registradores de España.

Tras comprar el piso de Abascal hace ocho años, Urbagestión aumentó su ​alquiler mensual de 570 a 1.650 euros, una cantidad superior a su pensión mensual, según el sindicato de inquilinos que la representaba. La empresa ⁠llevó a Abascal a los tribunales tras descubrir que su contrato de alquiler regulado había caducado, según muestran los documentos judiciales.

"Urbagestión en puridad quizá no fuera un 'fondo', pero es una 'pyme (pequeña y mediana empresa) buitre', muy carroñera", afirmó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

AMPLIANDO EL ÁMBITO

Los ‌fondos buitre entraron por primera vez en el léxico español tras la crisis financiera de 2008-2014 para describir a los fondos de capital de riesgo o a los bancos de inversión que compraban pisos con alquiler regulado y subían los alquileres de forma desmesurada.

No obstante, las empresas —incluidos los fondos de inversión— solo representan el 8% del mercado de alquiler en España, según el Banco de España. El Gobierno ha ampliado ahora el alcance de la normativa para incluir a ​cualquiera que obtenga beneficios en el mercado, lo que afecta a los pequeños propietarios, que constituyen la mayoría del mercado ‌de alquiler español, según explicó Fernando Rodríguez de Acuña, director general de la empresa de análisis inmobiliario Acuña, con sede en Madrid.

"(Que) cualquiera (...) se beneficie en el mercado es lógico. Si no, no ⁠te metes en el mercado", señaló.

El Gobierno intentó por primera vez definir y regular los fondos buitre en una ley de vivienda de 2023 que limitaba las actividades de los "grandes propietarios"; esto es, personas o empresas que poseen diez o más inmuebles.

En los decretos publicados este mes, se han ajustado los parámetros para que también queden incluidos aquellos que posean cinco o más inmuebles en zonas consideradas con escasez de vivienda. Ahora tienen prohibido comprar inmuebles por menos del 70% de su valor de mercado.

La legislación va más allá al prohibir a los propietarios de más de dos inmuebles desalojar a ⁠los inquilinos hasta 2030, mientras que todos los arrendadores estarán ‌sujetos a prórrogas automáticas de los contratos y a la congelación de los alquileres.

AUMENTO DE LOS DESAHUCIOS

La definición cada vez más difusa de "fondo buitre" afectó la semana pasada a Montse Mínguez, portavoz parlamentaria del Partido Socialista, quien dimitió después de ⁠que la web española Artículo 14 informara de que su marido era propietario de una empresa inmobiliaria que alquilaba 30 pisos y había desahuciado a varios inquilinos.

Cuando Antena 3 le preguntó por qué Urbagestión se consideraba depredadora y la empresa de su marido no, ella respondió que se trataba de ‌una empresa familiar que respetaba la ley y pagaba sus impuestos, mientras que los fondos buitre eran "dinero extranjero que compra edificios enteros para expulsar a la gente de los barrios y convertir sus casas en pisos turísticos".

"Lo único que estamos diciendo es que no ⁠se puede ir a la yugular, a la especulación, ni a los fondos buitres", dijo.

España ha experimentado un aumento de los desahucios desde marzo, cuando expiró una ley de la época de ⁠la pandemia destinada a proteger a los inquilinos vulnerables.

Según el Sindicato de Inquilinas, ‌se reactivaron unas 70.000 órdenes de desahucio tras no prorrogarse la ley.

Olga Matute se quitó la vida el 7 de septiembre tras haber sido desahuciada en abril. Su caso llevaba pendiente desde 2020, después de que un banco vendiera su piso a un fondo que no aceptaba una reducción ​del alquiler.

Las nuevas medidas protegen a casi 5 millones de personas, entre ellas 122.683 en riesgo de desahucio, según señalaron en un comunicado diversos colectivos sociales, entre ellos ‌el Sindicato de Inquilinas.

LOS PEQUEÑOS INVERSIONISTAS, PREOCUPADOS

Los decretos "aún están muy lejos de lo que se necesita, pero suponen avances a la hora de garantizar el derecho a la vivienda", dijo Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cataluña.

Sin embargo, las medidas solo servirán para agravar la escasez de viviendas de alquiler a largo plazo, ​según Jorge Galindo, director del Centro de Política Económica de Esade (EsadeEcPo). "Son políticas que protegen a quien tiene un alquiler a costa de quien aún no lo tiene", señaló Galindo.

La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) señaló que unos 600 agentes inmobiliarios habían comunicado la retirada de unas 2.067 viviendas destinadas al alquiler a largo plazo en los días posteriores a la publicación del decreto. Además, se han suspendido otros 1.523 contratos de alquiler.

Casi la mitad del parque de viviendas de alquiler en España pertenece a propietarios de una sola vivienda, mientras que los grandes propietarios representan solo el 3,6% del mercado en ⁠manos de particulares, según un estudio de EsadeEcPo.

Los fondos de capital riesgo extranjeros llevan tiempo reduciendo su exposición al sector inmobiliario residencial en España. Blackstone ha reducido su cartera de inmuebles residenciales en España a 12.000, desde un máximo de 40.000 en 2017.

En su lugar, los fondos están invirtiendo en proyectos como residencias de estudiantes y alquileres compartidos a corto plazo, que a menudo incluyen servicios como la suscripción a un gimnasio —lo que se conoce como "flex living"— y que no están sujetos a la misma normativa.

Más del 40% de las casi 24.000 viviendas españolas adquiridas por empresas de inversión en los últimos 12 meses eran pisos para estudiantes, según la empresa de datos MSCI.

CPP y Greystar, dos de los cuatro principales inversionistas extranjeros en viviendas españolas en los últimos dos años, afirmaron que sus inversiones se centraban total o mayoritariamente en viviendas para estudiantes y en el "flex living".

"El mercado no está en manos de grandes fondos, está en manos de pequeños inversores. Entonces, ahora todos los pequeños inversores son los que tienen que soportar toda esa carga", dijo Rodríguez de Acuña.

(1 dólar = 0,8923 euros)

(Reporte de Corina Pons en Madrid e Iain Withers en Londres; reporte adicional de Emma Pinedo en ​Madrid; redacción de Charlie Devereux; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de Jorge Ollero Castela)