Venezuela espera atraer de nuevo a los mineros internacionales, pero es un negocio arriesgado

Por Maria de los Angeles Ramirez

El esfuerzo de Venezuela (link) para atraer inversores extranjeros para desarrollar sus vetas de oro, hierro y bauxita cuenta con el respaldo entusiasta de la administración Trump, pero se enfrenta a grandes desafíos, incluyendo grupos armados con profundos intereses en la caótica industria de prospección, en gran parte ilegal, que se ha desarrollado en los últimos 20 años, según nueve mineros, residentes y activistas comunitarios que hablaron con Reuters.

Las fuentes del extenso estado de Bolívar, en el sureste del país, se mostraron escépticas ante la posibilidad de que las empresas internacionales inviertan de forma significativa sin que se produzcan mejoras importantes en la seguridad del estado, donde los delincuentes locales operan junto a los rebeldes colombianos y las fuerzas de seguridad del Estado han sido acusadas de actuar en connivencia con los delincuentes para apoyar las operaciones ilegales de extracción de oro.

"Los sindicatos del crimen controlan las minas. Son los que establecen las normas y hacen cumplir la ley en muchas de las minas en las que trabajamos. Dependiendo de la situación, imponen castigos y pueden ser muy violentos", afirma Inés García, minera informal de 51 años del municipio de El Callao. "Uno se cuida, porque hasta hablar es un riesgo".

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha apoyado las medidas de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para atraer inversores desde que asumió el poder en enero, incluida una ley minera (link) aprobada en abril por la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante y encabezada por el hermano de Rodríguez, Jorge, que permite a empresas o consorcios extranjeros y privados extraer oro y minerales estratégicos.

La economía venezolana, dependiente del petróleo, lleva años sufriendo los efectos de la hiperinflación, la fuga de cerebros, las sanciones internacionales, el deterioro de la infraestructura petrolera (link) y la profunda corrupción (link). Necesita desesperadamente ingresos para financiar las promesas de Rodríguez de mejorar los servicios públicos y los salarios (link) después de que Washington destituyera al ex presidente Nicolás Maduro en enero. Las inversiones mineras ofrecerían otra fuente de impuestos, regalías y empleo.

El secretario del Interior de EE.UU., Doug Burgum, dijo durante una visita en marzo que la ley creará oportunidades para las empresas y que Rodríguez garantizará su seguridad. Estados Unidos ya ha emitido una licencia que autoriza ciertas transacciones con oro de origen venezolano, incluso con la empresa minera estatal Minerven.

"Ustedes tienen garantías, tienen seguridad jurídica, seguridad política, estabilidad y tranquilidad para que sus inversiones puedan desarrollarse plenamente, no sólo en el sector de hidrocarburos, donde hay muchas oportunidades, sino también en el sector minero", dijo Rodríguez a los inversores visitantes en un evento celebrado en marzo. El Gobierno no ha dado detalles sobre sus planes de seguridad para Bolívar.

Gold Reserve, que cotiza en Canadá, ha dicho que tiene la intención de reanudar la minería en Venezuela y que formaba parte de la delegación de Burgum, recibió después una licencia de EE.UU. que le permite 30 días para negociar con el gobierno. Gold Reserve no respondió a las preguntas de Reuters sobre si estaba buscando la devolución de su mina Brisas, que fue incautada por el Gobierno en 2009.

La comercializadora suiza de materias primas Trafigura ya está trabajando con la minera estatal de oro venezolana Minerven en un programa de abastecimiento responsable anunciado el mes pasado y dijo que el trabajo cumple con una licencia emitida por el Tesoro de Estados Unidos. Las empresas mineras Hartree, Peabody Energy, Ivanhoe y TechMet, mencionadas en la prensa local como integrantes de la delegación de Burgum, no respondieron a preguntas de Reuters.

Aunque muchos mineros internacionales tienen amplia experiencia lidiando con problemas de seguridad, para la gente que vive y trabaja en el llamado Arco Minero del Orinoco, un cuarteto de municipios en Bolívar designados por el predecesor de Rodríguez como estratégicos para el desarrollo minero, el interés corporativo se siente como la carreta delante de los bueyes.

"Para que se produzca una inversión real es fundamental resolver la transparencia de la cadena de suministro, la seguridad -porque es una zona caliente con presencia de grupos armados- y la supervisión del impacto socioambiental de las operaciones", afirma un ingeniero que trabajó para Minerven durante una década y pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias.

Los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) y antiguos miembros de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están activos en Bolívar, dijeron las fuentes, al igual que las organizaciones criminales locales el Tren de Guayana y 3R, junto con grupos no identificados dirigidos por líderes de bandas que se hacen llamar "Juancho" y "Fabio".

Los delincuentes han suministrado maquinaria minera, combustible y armas en la región, así como extraído oro, durante años, dijo Pedro Yepez, de 61 años, un veterano de dos décadas en la minería en los municipios de El Callao y Sifontes. "No hay forma de que puedan hacer eso sin la complicidad y el permiso del gobierno", afirmó.

Un activista comunitario que lleva décadas vigilando las violaciones de los derechos humanos en la zona y que pidió no ser identificado por motivos de seguridad también afirmó que los grupos armados controlan las minas y operan en complicidad con el gobierno. Otros residentes y líderes comunitarios se hicieron eco de sus preocupaciones, y varios de ellos declararon a Reuters que los delincuentes extorsionan regularmente a las empresas mientras el gobierno hace la vista gorda.

El Ministerio de Comunicación venezolano, que gestiona todas las consultas de prensa del Gobierno, no respondió a preguntas detalladas sobre las acusaciones de complicidad de los militares, los planes de seguridad para la región o los contactos con posibles inversores.

La "Operación Roraima" del ejército, destinada a combatir la minería ilegal en Bolívar, comenzó en 2023 y ha continuado en los años posteriores, con altos mandos celebrando públicamente la destrucción de campamentos y equipos mineros ilegales, incluso publicando fotos de explosiones controladas en las redes sociales.

El Departamento del Interior de Estados Unidos no respondió a preguntas detalladas sobre los problemas de seguridad en la región.

EL INFORME DE LA ONU DETALLÓ LAS ACUSACIONES DE IMPLICACIÓN MILITAR

Tanto el ejército como los grupos armados han sido acusados de estar implicados en homicidios y desapariciones, junto con otras violaciones de derechos en la región, según afirma una misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un informe de 2022, en el que también expresó su profunda preocupación por la explotación laboral, el trabajo infantil, la trata de personas, las violaciones de los derechos de los indígenas y la destrucción del medio ambiente.

Ha habido un aumento sostenido de los flujos de oro de Venezuela desde que Maduro creó el Arco en 2016, impulsado principalmente por la minería informal e ilegal, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en otro informe de 2021. El informe destacó las violaciones de los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y la connivencia militar con grupos armados relacionados con la industria.

La nueva ley de minería proporcionaría "un barniz de legalidad" a la "grave degradación medioambiental y las continuas violaciones de derechos humanos", afirmaron 16 grupos no gubernamentales locales en una carta abierta publicada a finales de marzo, en la que añadían que les preocupaba la continuidad del control militar.

"La presencia militar en las minas se ha asociado históricamente a violaciones de derechos humanos, corrupción y creación de estructuras de gobierno híbridas", afirmaba la carta.

Incluso si las empresas mineras extranjeras pudieran establecerse en Bolívar, algunos activistas y residentes afirmaron que seguían preocupados por el impacto en las comunidades y por lo que la presencia extranjera significaría para los medios de subsistencia de los mineros a pequeña escala e informales, incluidos los grupos indígenas de la región.

"Hay que entrecomillar el término 'beneficio': ¿a quién beneficia? Porque el mismo Estado que negocia y busca inversores se olvida de todos los problemas que existen", dijo Italo Pizarro, activista del municipio de Sifontes, quien afirmó que las comunidades indígenas podrían sufrir riesgos particulares.

Un geólogo de Bolívar con más de 40 años de experiencia en el sector dijo que sería difícil expulsar a decenas de miles de mineros informales que trabajan en la región, así como a delincuentes que viven de la extorsión: "No será sencillo".

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