La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú podría depender de que los pequeños mineros de oro sigan contando con una normativa poco estricta

Por Alexander Villegas y Marco Aquino

Los resultados de las elecciones presidenciales del domingo en Perú podrían depender de los votos de los pequeños mineros artesanales de oro, que se benefician de una normativa poco estricta en el marco de un programa administrativo creado en 2016 y cuya finalización estaba prevista inicialmente para 2020.

El programa REINFO, que permite a los pequeños mineros operar sin permisos ambientales o de explotación completos, se ha prorrogado en repetidas ocasiones a medida que los precios mundiales del oro se disparaban y el sector minero informal crecía en tamaño, valor e influencia.

Se estima que actualmente hay 500 000 mineros informales en Perú que producirán exportaciones de oro por valor de unos 11 000 millones de dólares en 2025, aproximadamente la mitad del total del país. Estos mineros forman un vasto bloque económico y electoral concentrado en las regiones rurales que podría inclinar la balanza en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo, que enfrenta a la conservadora Keiko Fujimori contra el izquierdista Roberto Sánchez.

Fujimori y Sánchez se sitúan en polos opuestos del espectro político, pero ambos cortejan a los pequeños mineros. Las encuestas muestran una reñida contienda con una ligera ventaja para Fujimori. En 2021, perdió frente a Pedro Castillo por unos 45 000 votos, o un 0,25 %, y Sánchez goza de apoyo en las zonas rurales donde ganó Castillo.

El REINFO expirará el 31 de diciembre, pero ninguno de los candidatos parece dispuesto o capaz de desmantelar el programa, que se ha convertido en un poderoso pilar de la política peruana.

Los partidarios del REINFO lo califican de salvavidas económico para millones de personas en zonas rurales empobrecidas. Los críticos afirman que ha creado un escudo de impunidad para la minería ilegal y el crimen organizado, al tiempo que ha provocado un daño medioambiental generalizado.

Un análisis de Reuters de los datos del registro de REINFO y los registros electorales muestra que los pequeños mineros del programa han diversificado sus apuestas políticas, mientras que al Gobierno le ha costado mucho purgar a los malos actores.

La campaña de Sánchez se nutre del interior rural, donde la minería informal está muy extendida. Lima y las zonas urbanas circundantes tienden a apoyar a Fujimori, quien ha cortejado a las grandes empresas mineras que se oponen al programa REINFO, prometiendo tomar medidas enérgicas contra la minería ilegal al tiempo que moderniza el sector informal y amplía el acceso al crédito estatal.

Sánchez votó a favor de prorrogar el REINFO como legislador y propuso redistribuir las concesiones inactivas entre los mineros a pequeña escala. Las regiones mineras le ayudaron a llegar a la segunda vuelta, incluso después de ir a la zaga en las encuestas de la primera vuelta.

FALTA DE INVERSIÓN

La minería representa casi el 12 % del PIB de Perú, uno de los principales proveedores mundiales de cobre, oro y plata. Sin embargo, muchas regiones mineras carecen de infraestructuras básicas y de inversión pública, una brecha que Sánchez se ha comprometido a abordar.

«Treinta años de minería y las localidades mineras siguen siendo las más pobres de nuestro país», declaró Sánchez a Reuters.

Magna Ismael Palomino, coordinador de CONFEMIN, el mayor grupo de minería artesanal de Perú, afirmó que los mineros a pequeña escala y quienes forman parte de la cadena de valor respaldan a Sánchez. Palomino señaló que le gustaría que las concesiones inactivas en manos de las grandes empresas se reasignaran a los mineros artesanales y que el REINFO se prorrogara al menos tres años.

«Nos hemos dado cuenta de que el poder económico de la gran minería ha marcado la agenda de gobierno», dijo Palomino. «Ellos dictan cómo debe ser la minería pequeña y artesanal y quieren que desaparezca».

A finales de 2025, casi 20 millones de hectáreas estaban bajo concesiones mineras en Perú, más de la mitad de ellas en manos de empresas medianas y grandes. Solo alrededor del 10 % de esta tierra se exploraba o explotaba activamente, según datos del Gobierno y de ONG.

La CONFEMIN y los mineros artesanales han organizado manifestaciones en todas las regiones mineras en apoyo a Sánchez. Los datos muestran que millones de soles fluyen desde unas 450 personas vinculadas a REINFO hacia los partidos políticos, aunque las donaciones abarcan todo el espectro político y a menudo están vinculadas a elecciones regionales o campañas autofinanciadas.

«Rechazamos eso. Nunca hemos tenido la costumbre de financiar a ningún congresista», dijo Palomino. «Autofinanciamos nuestras movilizaciones... pero nunca hemos tenido esa mala costumbre de dar dinero a cambio de que un proyecto sea viable».

Iván Arenas, consultor minero, señaló que gran parte del apoyo político no se declara formalmente.

«Existe una financiación indirecta a través de la logística, la movilización y los recursos», señaló Arenas, refiriéndose a las concentraciones organizadas por las federaciones mineras en apoyo a Sánchez.

Las grandes empresas mineras afirman que la creciente influencia de la minería informal está distorsionando tanto el sistema político como el sector.

Perú tiene en proyecto unos 63 000 millones de dólares en proyectos mineros. Los conflictos con los mineros informales han retrasado algunos de ellos, en particular el proyecto de Los Chancas, de 2600 millones de dólares.

Raúl Jacob, vicepresidente de finanzas de Southern Copper, afirmó que la magnitud de los ingresos de la minería informal puede «crear o facilitar vías ilegales para obtener permisos o determinada legislación».

Julia Torreblanca, presidenta de la Cámara de Minería del Perú, señaló que la financiación política debería ser más transparente.

«Hoy en día, la minería ilegal es una economía más poderosa que el narcotráfico», dijo. «Necesitamos transparencia sobre los candidatos y funcionarios financiados por esta economía ilegal».

UN SISTEMA QUE PERDURA

Un análisis de Reuters de más de 24 000 permisos REINFO activos reveló que una purga en 2025 de más de 50 000 titulares de permisos acusados de incumplimiento dejó gran parte del sistema intacto.

Un total de 1.005 personas a las que se les revocaron sus permisos personales ejercen ahora como representantes legales en empresas con permisos REINFO. Mientras tanto, a 1.255 empresas se les revocó al menos un permiso, pero continuaron operando con otros.

El sistema se regenera rápidamente. Alrededor de 2.600 nombramientos de representantes legales en las actuales empresas del REINFO se realizaron en 2025 o 2026. Algunas personas poseen hasta 20 permisos repartidos entre múltiples empresas y registros personales. Los extranjeros y las grandes empresas también controlan múltiples permisos en un sistema diseñado originalmente para mineros locales a pequeña escala.

La Compañía Minera Agregados Calcáreos es la mayor titular de permisos, con 35, a pesar de haber perdido 13 en 2025. Según la agencia tributaria peruana SUNAT, es propiedad de Holcim Perú, una filial del gigante cementero suizo Holcim, que no respondió a una solicitud de comentarios.

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