9 de septiembre
Actualizado: hoy a las 3:00 am
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La UE se enfrenta a una denuncia en su plan para simplificar la legislación medioambiental
Por Kate Abnett
BRUSELAS, 9 sep (Reuters) - Varias organizaciones ecologistas presentaron el martes una denuncia contra la Comisión Europea en la que acusan al ejecutivo de la UE de seguir adelante con una reforma de la legislación sobre protección y gestión del agua sin pruebas suficientes.
Esta denuncia se suma a otras presentadas por grupos ecologistas en relación con los esfuerzos de la Unión Europea por simplificar y reducir las iniciativas, en una estrategia conocida como el "ómnibus" de la UE, que responde a las quejas de las industrias, las cuales afirman que unas leyes onerosas perjudican su competitividad frente a competidores globales como Estados Unidos y China.
La denuncia se refiere a un plan de la Comisión para reformar este año la principal legislación de la UE en materia de aguas, en parte como respuesta a las preocupaciones de las empresas mineras y metalúrgicas, que afirman que las salvaguardias medioambientales de la ley están retrasando la concesión de permisos para nuevas minas de materias primas críticas y otros proyectos industriales.
En una denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo Europeo —el organismo de control independiente de la UE—, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la Oficina Europea de Medio Ambiente y otras tres organizaciones afirmaron que la Comisión no había recabado pruebas suficientes ni consultado a las partes interesadas antes de anunciar la revisión prevista.
Este incumplimiento constituye una mala gestión, afirmaron.
"Su efecto acumulativo supone una desviación flagrante del debido proceso establecido, lo que afecta de manera sustancial a los derechos de los ciudadanos", afirmaron las ONG, que argumentaron que la legislación de la UE en materia de aguas no es la razón por la que las nuevas minas tienen dificultades para obtener permisos, y que no es necesario revisarla.
Un portavoz de la Comisión señaló que aún no se le había notificado la denuncia, pero que seguiría colaborando con las partes interesadas mientras se prepara para reformar la legislación sobre aguas.
"La Comisión ha mantenido un diálogo transparente e inclusivo con los Estados miembros y las partes interesadas, y actualmente está evaluando las aportaciones de estas últimas", dijo el portavoz.
El Defensor del Pueblo decidirá ahora si abre una investigación sobre la denuncia. Ese proceso puede llevar unas semanas, según explicó a Reuters un portavoz de este organismo de control.
El Defensor del Pueblo de la UE no tiene poderes coercitivos, sino que formula recomendaciones que pueden influir en la futura legislación de la UE y refuerza el control sobre la Comisión.
El año pasado, el Defensor del Pueblo obligó a la Comisión a explicar públicamente por qué había acelerado otras propuestas para restringir las leyes de sostenibilidad y no había evaluado si los cambios se ajustaban a los compromisos europeos en materia de cambio climático.
(Reporte de Kate Abnett; edición de Paul Simão y Jan Harvey; editado en español por Tomás Cobos)